Cúpula / Puebla urge de constitucionalistas
Columna publicada el martes 7 de abril de 2026.
El Congreso del Estado de Puebla suma seis reveses ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por modificar artículos con criterios que están fuera de su competencia ya que corresponden al ámbito federal o por autorizar cobros excesivos a ciudadanos de diferentes municipios. La nota se publicó en El Sol de Puebla el domingo 5 de abril. No estamos ante un hecho aislado. Los descalabros del Congreso local ya representan una constante.
La semana pasada en estas paginas apuntamos que la advertencia del gobernador Armenta de proceder contra la empresa Concesiones Integrales, con el nombre comercial Agua de Puebla, requiere de un cuerpo de abogados constitucionalistas que puedan entablar una controversia sobre la firma privada, toda vez que la concesión del vital líquido está fuera de los preceptos de la Carta Magna. Un litigio de semejante calado solo puede realizarse con juristas expertos.
Puebla tiene reconocidos abogados civilistas, penalistas e incluso laboristas. Profesionales que destacan en esos ámbitos, pero el terreno del Derecho Constitucional es muy diferente. Aunque algunos docentes imparten la materia en universidades locales se trata de catedráticos o teóricos que de ninguna forma son litigantes frecuentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No es lo mismo leer a Burgoa Orihuela que entablar una controversia constitucional.
No solo el gabinete, ahora vemos que también el Congreso del Estado requiere de asesores en Derecho Constitucional. Los reveses de los diputados locales nos hablan de reiteradas equivocaciones que muestran un poder legislativo débil, rebasado, que adolece de asesores especializados en la materia. Esto le resta autoridad a una legislatura que debe corresponder a las expectativas y metas que establece el Ejecutivo estatal.
En el proceso interno de Morena de 2024 Armenta se describió a sí mismo como un “Shinkansen” el tren bala japonés que se desplaza a 300 kilómetros por hora. Ya como gobernador así se muestra. Un bólido al que sus secretarios no pueden aguantar el paso. Las iniciativas y proyectos obligan a que el Poder Legislativo sepa corresponder a esas expectativas. Frente a un gobernador que se describe como una bala solo hay dos opciones: responder y cumplir o quedar relegados.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene el Instituto de Investigaciones Jurídicas, un órgano en el que confluyen los más reconocidos abogados del país y que precisamente se enfoca en Derecho Constitucional. El dirigente del Congreso del Estado Pavel Gaspar Ramírez debe acudir a esa instancia para solicitar formal asesoría en la materia. Existen cuerpos colegiados que pueden brindar apoyo para evitar que sigan los descalabros ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Congreso del Estado no puede conducirse con criterios superficiales. Los retos de esta Puebla, las nuevas normas y leyes que se presentan, el litigio ante Concesiones Integrales, el proyecto del cablebús y otros tantos temas que el gobernador Armenta pone sobre la mesa obligan a sustentar con rigor jurídico las acciones a tomar. La nota publicada en El Sol de Puebla, firmada por David Celestino debe ser un profundo llamado al proceder de los diputados locales. Ojalá así lo entiendan.
cupula99@yahoo.com
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